27.1.09

La Tablada, 23 de enero

El viernes pasado se cumplieron 20 años del ataque al cuartel de La Tablada. El Movimiento Todos por la Patria (MTP) lo llevó adelante. Hay muchas buenas razones para lamentar profundamente aquella acción, que no puede justificarse ni moral ni políticamente.

Aquí trataremos otra cuestión: las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel. La presidente Cristina Fernández ha ordenado, por decreto, dar acceso a los documentos de inteligencia militar sobre La Tablada al juez que investiga estas violaciones. Vale la pena recordar que el General Alfredo Arrillaga, Inspector General del Ejército, dirigió las operaciones. Hoy se halla detenido, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado argentino ejecutó extrajudicialmente a por lo menos 9 atacantes (Carlos Alberto Burgos, Roberto Sánchez, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Pablo Martín Ramos, y Ricardo Veiga). También dio por cierto que se cometieron torturas reiteradas en perjuicio de los 20 integrantes del MTP detenidos.

 

¿Cuándo se conocieron estos hechos? Muy pronto. La Voz del Interior reproduce, el 24 de enero, un “supuesto comunicado de los insurgentes”: una mujer, durante el ataque, llama a la agencia DYN y denuncia: “Nos están masacrando”. Al día siguiente, el mismo diario describe que en el cuartel se ven “cadáveres semicarbonizados esparcidos en los cuatro puntos cardinales del regimiento”, el cuerpo de “una mujer joven horriblemente mutilada” y el de un hombre cuyo brazo está arrancado del hombro; la crónica agrega que hay “olor a carne quemada”. El 02 de febrero, los diarios argentinos reproducen un comunicado (publicado en Montevideo) del Frente de Resistencia Popular (FRP), que se atribuye el ataque. El FRP denuncia “fusilamientos sumarios” y el uso de fósforo blanco en la represión, un arma prohibida. En un segundo comunicado, dos semanas después (La Voz del Interior, 16 Feb 1989), el FRP revela el nombre de por lo menos 3 fusilados (están dentro de los cinco reconocidos en 1997 por la CIDH).

 

¿Qué reacciones hubo? Casi toda la clase política argentina opta por la negación. Desde el comienzo, la recuperación del cuartel se presenta como un ejercicio impecable, en el marco de la democracia y el Estado de derecho. Dirigentes de casi todos los partidos felicitan al Ejército y a las Policías Federal y bonaerense por su desempeño. La derecha, por supuesto, exige autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos internos (por ejemplo, el dirigente de la Ucedé, Norberto Agrelo, en La Voz del Interior, 29 Ene 1989), y también reivindicar los crímenes de lesa humanidad de 1976-1983.

Los sectores progresistas intentan limitar la ola macartista y se oponen a la militarización de la sociedad. Sin embargo, no cuestionan la represión ocurrida dentro del cuartel ni se hacen eco de las denuncias del FRP.

Hay excepciones tempranas. Otra vez, Hebe de Bonafini da la nota discordante: “Nos tenemos que preguntar cómo se gestó esto porque no nos van a hacer tragar el sapo que le están haciendo tragar a toda la dirigencia política” (La Voz del Interior, 27 Ene 1989). El Movimiento al Socialismo (antecedente del MST  y de Izquierda Socialista) propone formar una comisión investigadora parlamentaria con todos los partidos, la CGT y organismos de DDHH para “establecer la verdad de lo ocurrido” en La Tablada, y el Partido Obrero (PO) organiza una charla debate en su local de Córdoba con el título “¿Qué pasó en La Tablada?” (La Voz del Interior, 29 Ene 1989). 

Pocos días después, Hebe de Bonafini denuncia las torturas a los detenidos y la desaparición de otros; le recomienda a Menem, entonces candidato presidencial, que “diga todo lo que sabe ante la Justicia, porque sabe mucho” (La Voz del Interior, 05 Feb 1989). El candidato a vicepresidente del PO, Gregorio Flores, describe la represión en La Tablada como “una matanza innecesaria” (La Voz del Interior, 07 Feb 1989).

El 16 Feb 1989, tres organismos de DDHH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos) presentan un hábeas corpus por Carlos Samojedny, detenido con vida el 24 de enero y cuyo cuerpo no aparece. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en cambio, se entrevista días después con el presidente Alfonsín y su secretario de Derechos Humanos, Eduardo Rabossi (La Voz del Interior, 28 Feb 1989). A la salida, el fiscal Ricardo Molinas, como vocero de la Asamblea, declara que están satisfechos con la marcha de las investigaciones sobre fusilamientos y desapariciones. Estas investigaciones recibieron el reproche de la CIDH en su informe de 1997.

 

Los funcionarios políticos y judiciales, en cambio, se mantienen en la negación. El Procurador General de la Nación (y ex camarista en el Juicio a las Juntas), Andrés D’Alessio, declara que “de comprobarse los presuntos excesos” en el trato a los detenidos, podrían disponerse “sanciones administrativas u otras que correspondan” (La Voz del Interior, 02 Feb 1989). Días más tarde, sostiene que el comunicado del FRP integra “una campaña de confusión” (La Voz del Interior, 17 Feb 1989) o que si en la represión se usaron más o menos medios que los necesarios “poco hace verdaderamente a la causa” (La Voz del Interior, 23 Feb 1989). Luego admite que se detuvo a personas dentro del cuartel el 23 de enero, y que aún no han sido identificadas (La Voz del Interior, 03 Mar 1989).

Ricardo Gil Lavedra, otro camarista del Juicio a las Juntas, es el Secretario de Interior. Frente al comunicado del FRP, descarta que puedan investigarse los fusilamientos y desapariciones, “ya que una denuncia de ese carácter tiene que tener algún indicio concreto que pueda avalarla” (La Voz del Interior, 16 Feb 1989).

Horacio Jaunarena, ministro de Defensa (lo será también con Duhalde en 2002), rechaza las denuncias sobre fusilamientos, y el enojo lo hace contradecirse: son “imputaciones que deberán ser probadas y que son falsas además”. Agrega que “se está tratando de ocultar la verdadera dimensión del ataque [...] se trata de cambiar el rol, transformar a los victimarios en víctimas” (La Voz del Interior, 04 Mar 1989).

 La Voz del Interior, en sus editoriales, adhiere a la versión oficial: la democracia rechazó limpiamente un ataque guerrillero. Parece descreer de las denuncias del FRP: sostiene que tras el ataque “la propaganda subversiva se dirigió a denunciar que algunos de los atacantes habían sido hechos prisioneros y luego matados” (editorial, 04 Mar 1989); y aunque en una editorial anterior antes ha abierto la posibilidad de que la Justicia dé “su fallo definitivo” en el tema, también critica “el delirio y la mentira” del terrorismo (05 Feb 1989).

Se vivió la ilusión de que el Ejército recién beneficiado por el Punto Final y la Obediencia Debida pudiera respetar todos los derechos humanos. Esta negación colectiva se afirmó en el macartismo resurgido en esos días. En ese marco, cierto juez federal de Córdoba decidió investigar a los comunistas. Radio Tosco lo recordará el martes próximo.  

20.1.09

Aprendé publicidad

Sebastián García Díaz, político (y) publicitario, está juntando firmas para reformar la Carta Orgánica Municipal de Córdoba. Quiere incluir una cláusula que prohíba gastar en sueldos más del 50% del presupuesto comunal.

Una vez más, la derecha culpa a los "insaciables" trabajadores. Propone que algunos laburantes nos enojemos con otros (porque ganan más, o porque trabajan bajo techo, o lo que sea).

Radio Tosco desconfía de las explicaciones que culpan a los trabajadores. En el capitalismo, el poder mayor no está en sus manos. Aunque los laburantes fueran egoístas, mezquinos, vagos y malintencionados, no podrían hacer demasiado daño. No disponen de las herramientas más fuertes (los medios de producción, la fuerza pública legal, la firma que crea decretos, la banca que reparte plata).

El publicitario García Díaz aún debe explicarnos cómo este límite a los sueldos va a mejorar los problemas municipales. No lo hizo; apenas nos invitó a desquitarnos con el agente de tránsito.

García Díaz sigue a sus maestros. Entre 1999 y 2001, fue vocero de Domingo Cavallo, gran asignador de culpas a los laburantes. Sebastián fue el asistente para los discursos de la campaña presidencial de 1999 (Clarín, 31 Ago 1999). Integró la Junta Ejecutiva de Acción por la República en Córdoba. En su campaña presidencial, Cavallo puso a García Díaz como Viceministro del Interior en su gabinete fantasma.

Pero eso quedó en el pasado, claro. Ahora estamos frente a un "joven" (¡tiene casi 37 años!) publicitario ajeno al Padre del Desempleo, aliado a Mauricio Macri y preocupado por la seguridad, la venta minorista de drogas y los juicios a los criminales de lesa humanidad. Vamos al presente, entonces.

¿Es viable la propuesta? Desde aquí, vemos un problema. El límite al gasto en sueldos puede significar, si la recaudación baja, que los sueldos deban achicarse. Imaginemos que la recaudación de un año es 100, y los sueldos se llevan 50. Al año siguiente, si se recaudan 90, el total de los salarios deberá bajar a 45 (salvo que se recorten otras partidas). Y si la planta de empleados sigue igual, los sueldos se reducirán.

Estas oscilaciones salariales se parecen al "déficit cero" ¡del Maestro Mingo! Pero los sueldos, guste o no, no pueden variar con las lluvias, la humedad o la recaudación (CN, arts. 14 bis, y 17). Así lo aclaró la Corte Suprema de Justicia en 2002, al invalidar el invento cavalluno (en el fallo "Tobar"). Pensamos que si la cláusula lleva a bajar sueldos, se vienen los amparos. O si no, el Municipio debería aumentar la recaudación.

Otra cosa sería fijar un porcentaje mínimo para educación, o salud, o asistencia social. El valor resultante de ese porcentaje sí podría variar de un año a otro, sin problemas constitucionales.

Pero claro... La cosa no era garantizar gasto público para esos derechos, sino capitalizar políticamente el enojo de los cordobeses con el Municipio y sus empleados. Vaya uno a saber para qué, ¿no?

13.1.09

La impunidad debida

Sancionada el 04 de junio de 1987, la ley 23.521 (o ley de Obediencia Debida) benefició a todo el personal militar y de seguridad, desde oficial jefe hacia abajo, acusado de crímenes de la dictadura. La ley aseguró su impunidad declarando que todos los acusados habían actuado en virtud de la obediencia debida (a las órdenes superiores) (art. 1). No podían ofrecerse pruebas en contra; la impunidad era automática. Sin embargo, no abarcaba los delitos de violación, secuestro de menores y apropiación extorsiva de inmuebles (art. 2).

 El presidente Raúl Alfonsín impulsa esta ley luego del levantamiento militar de Semana Santa (abril de 1987). La norma asegura la impunidad, entre otros hombres de armas, de: Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi, Albano Harguindeguy (ministro del Interior de Videla), Reynaldo Bignone (último presidente militar), Cristino Nicolaides (jefe del Ejército), Jorge Supissich (director de la ESMA), Jorge “Tigre” Acosta y Antonio Pernías (torturadores de la ESMA), Julio Simón (o “Turco Julián”, torturador en varios campos de concentración), Gustavo Alsina y Enrique Mones Ruiz (acusados por homicidios en la Penitenciaría de Córdoba), César Anadón (jefe de “La Perla”), Ernesto Barreiro (jefe de torturadores en “La Perla”), Luis Manzanelli (torturador en “La Perla”), Hermes Oscar Rodríguez, Carlos A. Vega, Ricardo “Fogonazo” Lardone y Orestes V. Padován (represores condenados con Menéndez en 2008), Juan Bautista Sasiaiñ y Arturo Gumersino Centeno (altos jefes del III Cuerpo de Ejército), Hugo Díaz (torturador de “La Perla”), y decenas o cientos de otros represores.

 

La norma contó con los votos del radicalismo, de los partidos provinciales, y de algunos pocos justicialistas. Un grupo muy chico de radicales votó en contra, al igual que casi todo el peronismo.

César Jaroslavsky, presidente del bloque de diputados de la UCR, dice: “Notifico a las FFAA y al país que esta ley es la máxima última ofrenda que el poder civil hace en aras de la reconciliación  nacional” (La Voz del Interior, 05 Jun 1987, pág. 6). Roberto Ulloa, gobernador de Salta durante la dictadura, vota a favor desde su banca de diputado, aunque lo considera “un proyecto imperfecto”.

El vicepresidente, Víctor Hipólito Martínez, radical cordobés, afirma que la ley “está destinada a aclarar definitivamente los niveles de responsabilidad en los hechos juzgados” (La Voz del Interior, 28 Jun 1987, pág. 1).

Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba, agrega: “Este proyecto expresa la postura de Alfonsín como candidato. Lo que apoyó la voluntad popular es lo que se ha elevado al Congreso” (La Voz del Interior, 23 May 1987, pág. 7).

En tanto, el titular de la Juventud Radical, Carlos Raimundi (hoy en el bloque Solidaridad e Igualdad), anuncia que su ese órgano “estrechará filas con el Gobierno” y apoyará la ley (La Voz del Interior, 18 May 1987, pág. 4).

El senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, exiliado durante la dictadura y víctima de la Triple A en noviembre de 1973, vota a favor porque la ley “resulta necesaria para afrontar un problema que existe en el país”, y “persigue propósitos de paz”, lo que permitirá “dar vuelta una página” (La Voz del Interior, 29 May 1987, pág. 5).

Al defender el proyecto en el recinto, el diputado y constitucionalista radical (hoy macrista) Jorge Reinaldo Vanossi llama al “sacrificio colectivo para recomponer el clima de vida civilizada”, y destaca la “necesidad de superar el pasado”, garantizando la impunidad de quienes “actuaron bajo coerción y en un estado de necesidad inculpable” (que no se podrá poner en discusión judicial) (La Voz del Interior, 16 May 1987, pág. 4).

La Iglesia apoya la iniciativa. En el Tedeum del 25 de Mayo, se afirma que “todos debemos ser artífices de la paz, con creatividad, renuncia y sacrificio” (La Voz del Interior, 26 May 1987, pág. 6). Monseñor Cándido Rubiolo, vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, se alegra porque “por fin gran parte de la sociedad argentina ha caído en la cuenta de la necesidad de una reconciliación entre los argentinos” (La Voz del Interior, 17 May 1987, 4).

En un editorial, La Voz del Interior defiende al proyecto contra una declaración crítica del Consejo Superior de la UNC (29 May 1987, pág. 8), como se recuerda aquí

Pocos días después de sancionada la ley, la Corte Suprema la declara constitucional (22 Jun 1987, por 4 votos a 1). Votan a favor de la Obediencia Debida los ministros Enrique Petracchi, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. En 2005, la Corte resuelve que es inconstitucional. Esta vez Enrique Petracchi, todavía en la Corte, vota en contra de la ley.

6.1.09

Aplausos al Punto

En 2007, Radio Tosco repasó quiénes habían apoyado los indultos a criminales de lesa humanidad, firmados por Carlos Menem en 1989 y 1990.

La impunidad arrancó antes. Raúl Alfonsín impulsó, a fines de 1986, la ley de Punto Final (ley 23.492, sancionada 23 Dic 1986). La aprobaron los bloques de la UCR y partidos provinciales, junto a unos pocos justicialistas. Un puñado de radicales, en cambio, se abstuvieron, o bien votaron en contra, como hizo el peronismo. Durante el debate en el Senado, las Madres de Plaza de Mayo fueron expulsadas del recinto.

La ley de Punto Final fijaba (art. 1) un plazo de 60 días corridos (hasta el 1 de marzo de 1987) para hacer nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. El mismo plazo regía para delitos de la guerrilla. Luego de esos 60 días, no podrían iniciarse otras acciones (salvo por apropiación de menores, art. 5).

Alfonsín buscaba limitar los juicios. Había pasado un año desde la sentencia en el Juicio a las Juntas, donde el tribunal había ordenado investigar todos los hechos relatados en las audiencias orales y públicas.

La ley no dio resultado. En esos 60 días, muchas Cámaras iniciaron acciones. Por eso, meses después, llegaría la ley de Obediencia Debida.


En 1986, el obispo Justo Laguna apoya la impunidad. Considera lícito fijar un límite para el trámite judicial, porque las Fuerzas Armadas “tampoco pueden vivir permanentemente en estado de zozobra” (La Voz del Interior, 02 Dic 1986, pág. 3). Raúl F. Primatesta, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, explica que “la Patria necesita un espíritu de reconciliación general”. Elogia el proyecto, porque “aparece en las autoridades la conciencia de la urgencia de un camino positivo de entendimiento y de la posibilidad de construir el país, porque mientras estamos divididos nos devoran los otros”, dice, disfrazado de Martín Fierro (La Voz del Interior, 17 Dic 1986, pág. 5). Monseñor Cándido Rubiolo, arzobispo de Mendoza, también está de acuerdo.

El vicepresidente de la Nación, Víctor H. Martínez, dice con su acento cordobés que en 1983 el gobierno de Alfonsín “se propuso poner un punto final a la dictadura, a las autonomías universitarias vulneradas, […] a la inflación, etcétera. Indudablemente, éste es un nuevo punto final que aceptamos que nos atribuyan”. El punto final a la justicia. Con alivio, dice que no habrá un gran costo político, pero que “la UCR está dispuesta a pagarlo en función de la salvación de una Argentina de futuro” (La Voz del Interior, 21 Dic 1986, pág. 1). 

Según Macario Carrizo, senador radical por Córdoba y miembro del gabinete de Angeloz, esta ley de Punto Final sirve “para que todos los argentinos comencemos a vivir en paz”, porque “luego de 3 años [de democracia] no se puede continuar indefinidamente con este problema”.

El diputado nacional (UCR, Córdoba) Lorenzo Cortese muestra disciplina al decir que “hay una decisión política del bloque [radical] de respaldar y acompañar” el proyecto (La Voz del Interior, 20 Dic 1986, pág. 3). 

Carlos Raimundi (hoy en el bloque Solidaridad e Igualdad) preside por entonces la Juventud Radical, que se ha opuesto al proyecto.  “Costará digerir” el Punto Final, dice Raimundi, quien lo apoyará para lograr “la reconciliación nacional”; mientras tanto, va abriendo un sobre de dos kilos de Uvasal (La Voz del Interior, 22 Dic 1986, pág. 1). Justo debajo de esas declaraciones, Leopoldo Moreau prueba con esto: “El gobierno puede tomar esta decisión porque hay una democracia fuerte”. 

El secretario de Interior, Facundo Suárez Lastra, juega al psiquiatra: considera “irracional” hacer una marcha contra el Punto Final (La Voz del Interior, 10 Dic 1986, pág. 4).

Otro aplauso llega de lejos. En su editorial, el diario El País de Madrid celebra la sanción de la impunidad, un “borrón y cuenta nueva” para “cerrar el pasado y librar […] a la democracia argentina del lastre de un ajuste de cuentas dilatado” (transcripto en La Voz del Interior, 28 Dic 1986, pág. 5).

¿Quiénes aplaudieron, después, la Obediencia Debida?

Gaza

Jueves 08 Enero, 18.30 hs, en Colón y General Paz (Córdoba), marcha contra los ataques de Israel en Gaza.

Cincuenta años

Para pensarlos un poco. Artículos de la Constitución de Cuba (1976, reformada en 1992 y 2002).
art. 14- En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. También rige el principio de distribución socialista "de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo". La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio.

art. 15- Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo:

            • las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación;

            • los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e instalaciones

 económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera.

            Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la transmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. En cuanto a la transmisión de otros derechos sobre estos bienes a empresas estatales y otras entidades autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, se actuará conforme a lo previsto en la ley.

art. 17- El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo; o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración, cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.

            Estas empresas y entidades responden de sus obligaciones sólo con sus recursos financieros, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las

 obligaciones contraídas por las empresas, entidades u otras personas jurídicas y estas tampoco responden de las de aquel.

art. 19- El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras que legalmente les pertenecen y los demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para la explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley.

            Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras.

            El Estado apoya la producción individual de los agricultores pequeños que contribuyen a la economía nacional.

art. 20- Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios estatales.

            Se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad cooperativa es reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista.

            Las cooperativas de producción agropecuaria administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de acuerdo con lo establecido en la ley en sus reglamentos.

            Las tierras de las cooperativas no pueden ser embargadas ni gravadas y su propiedad puede ser transferida a otras cooperativas o al Estado, por las causas y según el procedimiento establecido en la ley.

art. 21- Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.

            Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

            La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal.

art. 24- El Estado reconoce el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal.

            La tierra y los demás bienes vinculados a la producción que integran la propiedad de los agricultores pequeños son heredables y solo se adjudican a aquellos herederos que trabajan la tierra, salvo las excepciones y según el procedimiento que establece la ley.