16.6.09

Prioridades: la ley quiebra

1. Una ley de quiebras define quiénes soportan el fracaso de una empresa. Según nuestra ley ciertos acreedores cobran aunque el personal quede desempleado. El dinero da más derechos que el trabajo. Esto puede cambiar si la presión política crece. El Gobierno parece impulsar una reforma para que las empresas en quiebra queden administradas (¿o en propiedad?) de los/as trabajadoras/es. Ya hubo un intento en 2004, pero no anduvo. Ahora es buen momento para exigir a los/as candidatas/os que se comprometan a asegurar el derecho de los trabajadores a conservar y operar una empresa en quiebra. Los laburantes de CIVE, entre otros muchos, necesitan esta garantía frente a la crisis.

2. La presión política funciona. En 2003, Néstor Kirchner promulgó la ley 25.750 (llamada “Ley Clarín”). Esta norma impide que, en caso de quiebra, los acreedores extranjeros se queden con más del 30% de un medio de comunicación “nacional” (art. 2) y eso sólo si el Poder Ejecutivo nacional da su aprobación (art. 5). Un blindaje político contra los acreedores que habían prestado a “Clarín” durante los 90. Entonces Kirchner tenía otra relación con el gran diario argentino.

3. Mientras Giacomino veta la ordenanza que sostendría la lucha de los trabajadores de CIVE, la Legislatura posterga por 180 días los remates que podrían perjudicar al Club Atlético Talleres, y una legisladora kirchnerista propone donar dinero público a esa institución.

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