29.7.08

Común, perpetua, efectiva; y preguntas

Mientras Radio Tosco emite, Luciano Benjamín Menéndez cumple su rutina en el pabellón MD-2 de la cárcel de Bouwer. Purga su condena a prisión perpetua, la primera de las muchas que vendrán.
Es una de las mejores noticias de los últimos tiempos.

El 11 de julio, durante su alegato, el fiscal Jorge Fabián Asís dijo, hablando a los familiares de desaparecidos presentes en la sala de audiencias: "Porque no pudimos, porque no supimos o no quisimos dar la respuesta [...] cuando presentaban los recursos de hábeas corpus. Les pido perdón en nombre de la institución que represento".

¿Qué espera el fiscal Asís para denunciar a quienes no quisieron cumplir su deber como funcionarios judiciales en aquel tiempo? ¿O ya lo hizo? Los crímenes del Terrorismo de Estado, por acción u omisión, no prescriben.



[Luciano Benjamín Menéndez, rodeado del ex gobernador Ramón Mestre, el ex vice Luis Molinari Romero, Oscar Aguad, y ¿la jueza Cristina Garzón de Lascano?]

¿Y la Justicia provincial? ¿Se investigará la actuación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de aquellos años?

Por el art. 2 de la ley provincial 5911 (del 02 de abril de 1976) el TSJ podía “dar de baja, por razones de seguridad” a todo personal “que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras, o que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades” (según definición dada por el art. 1 de la misma ley). El TSJ adquiría las mismas facultades que el resto del Estado Terrorista. ¿Las ejerció?

Durante el juicio, el testigo Adolfo Caro, empleado de la Morgue Judicial, relató cómo eran los enterramientos clandestinos durante la dictadura. En 1980, Caro informó, junto a algunos de sus compañeros, esa situación por medio de una nota enviada a Jorge Rafael Videla (así consta en el legajo 1420 de la Conadep). La Morgue depende del Tribunal Superior de Justicia.

Al conocer la nota a Videla, el TSJ cesanteó a Caro (y a los demás firmantes de la carta) el 24 de septiembre de 1980. Lo hizo a través del Acuerdo Núm. 14, firmado por el entonces vocal a cargo de la Presidencia, Dr. Osvaldo Bartolomé Tarditti, y los entonces vocales Dres. José Manuel Álvarez (h) y Víctor Félix Reinaldi. El vocal restante, Jesús Luis Abad Hernando, no estaba de acuerdo con la cesantía: sostuvo que correspondía una suspensión por 30 días sin goce de sueldo. El episodio se relata en un documental ofrecido como prueba en este primer juicio a Menéndez y también en este trabajo académico.

¿Vale la pena investigar esto? ¿O alcanzarán unas disculpas?

6 comentarios:

Juan Cruz dijo...

como siempre, excelente.
la foto? un lujo. ahí más del tipo?
y es a jueza o no? parece, lo que sí, como cambia tanto el peinado, uno nunca sabe.

San Gordelius dijo...

La jubilación más alta que paga la Caja de la Provincia es la de un tal O.T., de 96 años, ex vocal del TSJ en... 1976.

Se jubiló sin los 30 años de aportes que si pagamos todos.

Casos como este me hacen pensar en la posibilidad de una cacería de brujas.

Anónimo dijo...

Sí, extrordinario, excelente. La foto, bueno, mestre, sin palabras.

Me preocupa, sobre todo en gobiernos que se debilitan, que el contexto favorable a estas políticas de enjuiciamiento, se restrinja y los juicios, en lugar de ampliarse, se reduzcan. Me parece que la cuestión legal, con muchos pero muchos problemas (como los de la prisión preventiva) está saldada, pero en la cuestión política, la gestión de gobierno actual condiciona fuertemente y abre la posibilidad de llevarlo adelante. Temo que en un cambio de contexto se vuelva a la política zig-zag.

(Además de las dudas sobre la función de la pena en estos casos y sobre todo si estos casos ayudan a ver el problema también colectivo, que Menendez es parte de la misma sociedad que tiene una responsabilidad, por eso y por otras razones está en la foto, pero dado que él judicialmente es el culpable, la sociedad puede decir, "ah, él se equivocó", "nosotrós víctimas inocentes" que lo fueron, pero como saben, la cosa es más complicada y la decisión atomiaza algo complejísimo)

En fin, Saludos,
L.

Anónimo dijo...

EStimado:

Quiero saber cuando van a respetar las garantías de los militares? o sólo es para algunos?

No son los únicos que no se les respetan las garantías, pero "ganar" así con juicios-circos?.

Yo creo en las garantías para todos, no para algunos. Y repudio que la ideología esté por encima de la ley.

Abrazo.
Buen Blog.
Adrián Fierri

Anónimo dijo...

Una cosa más:

Los mayores de 70 no deben ser beneficiados y cumplir la condena en prisión domiciliaria?

Redacción / Radio Tosco dijo...

Hola, Adrián

Hace un rato colgué un comentario, pero no sale. Lo repito, más o menos.

Estoy de acuerdo con vos en un 100% sobre la vigencia de las garantías constitucionales. Pero no veo en qué forma se han violado las garantías de Menéndez o sus siete secuaces. Vos no das un ejemplo concreto (salvo la mención de un “circo”, pero creo que no puede decirse seriamente que haya sido un juicio “populachero”; por ejemplo, no se transmitieron los testimonios, el juez Díaz Gavier hizo sacar de la sala a personas que interrumpieron a Menéndez cuando leyó sus larguísimos discursos).

Supongo que vos te referís a que se juzgó a personas indultadas, se las acusó por hechos ocurridos hace mucho tiempo, y no se castigó a los miembros de la guerrilla.

En cuanto al indulto, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Suárez Mason” (2007). No fue unánime, así que podés leer las disidencias de Argibay y Fayt, a ver si te sirven para seguir la discusión.
No se aplica la prescripción porque se trata de crímenes de lesa humanidad; la Corte ya declaró esa imprescriptibilidad en la causa “Arancibia Clavel” (2004), referida al asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires. Podés estar en desacuerdo, claro, pero te tenés que hacer cargo de esos argumentos, para rebatirlos.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA), que no es precisamente socialista, estableció que leyes de impunidad (como las sancionadas aquí) de Perú no tenían valor jurídico (en el caso “Barrios Altos”, 2001). Esos precedentes son obligatorios para nuestro derecho.

Por otro lado, durante la dictadura militar se emitieron numerosas condenas contra miembros de la guerrilla. Muchos de los sentenciados siguieron cumpliendo prisión aun después de 1983. Esto, por supuesto, debe agregarse a los guerrilleros desaparecidos, asesinados o detenidos “a disposición del Poder Ejecutivo”, sin orden judicial ni acusación alguna.
Además, los delitos cometidos por la guerrilla han prescripto (en su mayoría o en su totalidad). No se les aplica la imprescriptibilidad por no ser crímenes de lesa humanidad. La guerrilla no hizo desaparecer personas (esto es, secuestrarlas y negar tenerlas), ni usó sistemáticamente la tortura para obtener información, ni se apropió de hijos de los rivales cambiándoles la identidad. Por eso la conducta de la guerrilla es distinta del comportamiento de las Fuerzas Armadas.

Y por otro lado, los mayores de 70 años no tienen “derecho” a cumplir prisión domiciliaria. El art. 33 de la ley 24.660 (de Ejecución Penitenciaria) establece: “ARTICULO 33. — El condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique. […]”. En otras palabras, es facultad del tribunal conceder o no la posibilidad de cumplir la detención domiciliaria, y depende también de los informes previos. No es automático.

Chau, que andes muy bien. Gracias por pasar por acá.

el Orasio, de
Radio Tosco