26.6.07

"Trágica represión a piqueteros jaquea al Gobierno"

Así titulaba La Voz del Interior en su sitio de internet el miércoles 26 de junio de 2002, a las 21.03.

La palabra tragedia en periodismo suele usarse para no decir quién es culpable de algo.

Este título es magistral para no señalar responsables.
La represión es trágica, el Gobierno es su víctima, tanto como los piqueteros.

Abajo del título, la foto, donde solamente hay uniformes de varios colores, y fuego y humo. Epígrafe: Enfrentamientos entre la Policía y los piqueteros en el Puente Pueyrredón.

Se enfrentan, son iguales. Una pelea pareja. Unos tienen armas de fuego, autoridad y uniforme. Los otros, nada.




Y al lado de la foto, el resumen:
"LA CRISIS 21.03. Dos muertos, decenas de heridos y por lo menos 170 detenidos fue el trágico saldo registrado hoy durante los incidentes que enlutaron una protesta de organizaciones piqueteras. • Duhalde analiza la situación. "

Trágico saldo de incidentes. ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien disparó contra los dos muertos? ¿Alguien hirió a las decenas de heridos?
Solamente una persona hace algo: Duhalde analiza. Mientras tanto, las organizaciones piqueteras tenían algo que ver con una protesta.


Situación, incidentes, saldo registrado, crisis. Cosas que pasan.

Nadie reprime, nadie pega, nadie dispara, nadie amenaza, nadie acusa a los piqueteros, nadie descarga la crisis sobre los más pobres, nadie pesifica y devalúa, nadie deroga leyes a pedido del FMI, nadie paga deuda antes de dar de comer a los argentinos. Nadie.

Por suerte, estaba La Voz del Interior para dejarlo bien en claro.

25.6.07

¿Y si nacionalizamos?

  • Transmite Radio Tosco. La semana pasada pregunté al aire si la propiedad es un derecho humano.
    Pero la pregunta que realmente me preocupa es:
    Si nacionalizamos las empresas privatizadas, ¿pueden ellas denunciar a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
    Lamentablemente, no puedo responder todavía con precisión. Pero me parece útil plantear el tema, a ver si alguien lo sigue.

  • Mi idea es que en Argentina, como resultado de incorporar algunos tratados de derechos humanos con igual rango que la Constitución, la propiedad como derecho humano se limita a la que corresponde a “las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y el hogar” (Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 23). La Declaración tiene jerarquía constitucional (según el art. 75 inc. 22 de la Constitución). Este artículo define el alcance de la propiedad como “derecho humano”.

  • Así que, en principio, nacionalizar los teléfonos no violaría el derecho humano de propiedad, salvo que el dueño demostrara que le hace falta tener una empresa de telecomunicaciones para satisfacer sus necesidades esenciales, etcétera…

    Por eso, no podría denunciarse a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese asunto.

  • Mi segunda idea, además, es que las empresas no tienen derechos humanos. Pongámoslo así: si no son humanos, no tienen derechos humanos. En otras palabras: no podrían presentar una queja ante la Comisión.

    Claro que los dueños de una empresa podrían decir que se afectó su propiedad. Pero no sé… Si se nacionaliza, por ejemplo, la empresa Telefónica (y no estoy sugiriendo nada, eh), sus dueños seguirían teniendo las acciones de la empresa. Otra cosa es que esas acciones no valgan nada; pero siguen siendo de ellos.
    En cualquier caso, los accionistas deberían demostrar que la nacionalización les quitó cosas que necesitaban para satisfacer sus necesidades esenciales. Y es medio difícil: una mansión en Punta casi nunca resulta esencial.

  • Como dije, estoy pensando en voz alta. Radio verdad, que le dicen.

Me olvidaba: se me ocurrió escribir la entrada de más arriba (sobre lo publicado en La Voz del Interior el 26 de junio de 2002) después de leer que hay un documental que analiza el caso de Clarín. No lo vi, pero debe estar bueno.

¡Hasta el martes!

18.6.07

Corrientes, tierra y gringos


La nueva Constitución de Corrientes (se la puede leer acá) incorpora este artículo:


Artículo 61: Corresponde al Gobierno de la Provincia mantener la integridad del territorio provincial.


El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios.


Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar en el país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo precedente, con excepción de los extranjeros que acrediten residencia legal conforme la ley.


Parece una cláusula ambientalista. En una segunda mirada, se ve como una medida de seguridad fronteriza: los extranjeros no pueden comprar tierras en "zonas de seguridad", "áreas protegidas", o en zonas "que constituyan recursos estratégicos".
¿Se viola el principio de igualdad entre argentinos y extranjeros, fijado en el art. 20 de la Constitución Nacional?


Según algunos, parece que sí. En realidad, se puede limitar el derecho de extranjeros en nombre de la seguridad fronteriza. Quizá cueste un poco, pero la cláusula podría sobrevivir.


La cosa cambia desde el punto de vista ambiental. Parece querer proteger la naturaleza evitando que caiga en manos de extranjeros. Sobrevuela el [muy real] fantasma de Douglas Tompkins, combatido por Luis D'Elía.




La cláusula se queda bastante corta. No importa la nacionalidad.

El problema sigue siendo tomar a la propiedad como una forma de proteger el ambiente.

Thompkins, a través de sus empresas, dice que cuidará tal o cual lugar porque es su dueño. La Constitución de Corrientes ahora se lo prohíbe porque es extranjero, no porque ciertas cosas no pueden ser propiedad privada.

Aquí se ve el corazón del error.

No basta controlar la nacionalidad del que se compra lo que es de todos.

Hay que ir más allá y limitar el derecho de propiedad: ciertas cosas no pueden ser de alguien.


Es la propiedad un derecho humano?


Respuestas incompletas, dubitativas y flojas, el martes 26 de junio. ¡Nos vemos!

12.6.07

Sin Castigo (2)

Quiénes aplaudieron el indulto a los criminales de lesa humanidad

(segunda parte)

1. Obispos, sin ambigüedades.
Con claridad y sin vueltas, el arzobispo de Córdoba, Raúl Francisco Primatesta, se jugó por los criminales y su benefactor. “El Presidente tiene que pacificar a la Nación cueste lo que cueste y nosotros debemos aprobarlo y aplaudirlo” (La Voz del Interior, 09-10-1989, pág. A4), dijo mientras batía palmas y saltaba en una pata.

Monseñor Estanislao Karlic vio con buenos ojos los decretos que dejaron en libertad al ex dictador Roberto Viola y los demás terroristas de Estado (La Prensa, 24-12-1990, pág. 5). Años después, su buen criterio lo guiaría como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Antonio Quarracino, por su lado, ya había marcado el camino, pidiendo “indulto, amnistía o lo que fuere” y que se hiciera “rápidamente” (16-09-1989). No sorprendió a nadie que apoyara el indulto de Emilio Massera y sus cómplices (La Voz del Interior, 27-12-1990, pág. A4).
Monseñor Octavio Derisi también felicitó a Menem por dictar estos decretos, que liberaron a Santiago Omar Riveros y los demás (La Nación, 11-10-1989, pág. 11). Como fundador de la Universidad Católica Argentina, intentó dejar una enseñanza para los más jóvenes. El obispo Rodolfo Bufano, para no ser menos, se manifestó “de acuerdo con el indulto” (Página/12, 21-10-1989, pág. 2).

2. Los primeros trabajadores.
Lorenzo Miguel, permanente jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, no dudó en apoyar los decretos que hacían de Videla un hombre libre (La Voz del Interior, 06-01-1991, pág. A6). Lo mismo hizo el dirigente mercantil Güerino Andreoni, conductor de la CGT menemista, en una onda más mística. Hizo notar que el indulto “no cierra un capítulo […], sino que lo mantiene abierto mostrando el cristiano principio del perdón” (La Voz del Interior, 31-12-1990, pág. A5).
Graciela Camaño, entonces titular de la Organización Femenina Político Sindical Peronista, no sólo apoyó la impunidad de Juan Bautista Sasiaiñ: hasta organizó un ayuno en Plaza de Mayo para manifestar su adhesión. Lo convocó para el jueves 16 de noviembre de 1989, justo después de que las Madres de Plaza de Mayo terminaran su ronda (Página/12, 16-11-1989, pág. 7). Llegó a ser ministra de Trabajo en la presidencia de Eduardo Duhalde.

3. Abogado, peronista y cordobés.
Como Procurador General de la Nación bajo el menemismo, el doctor Oscar Roger tenía autoridad sobre todos los fiscales federales del país. El 15-11-1989, solicitó al secretario de Justicia, César Arias, la separación o suspensión para los fiscales federales Aníbal Ibarra (Capital) y Hugo Cañón (Bahía Blanca), porque ambos habían dictaminado que el indulto era inconstitucional. Roger, en cambio, pensaba que el indulto era “inobjetable”, por lo que los dictámenes eran “lesivos para la investidura presidencial”. Entre la Constitución y el Presidente, Roger tenía claras las prioridades.
Según sus explicaciones, Roger intentaba “adecuar el funcionamiento del Ministerio Público a la realidad socio-jurídica” del país. Real impunidad. Todo fue publicado por Horacio Verbitsky (Página/12, 22-11-1989, pág. 9).
Al tiempo de su fallecimiento, el 19-08-2006, Oscar Roger era defensor de Luis Medina Allende en la causa por el asesinato de Regino Maders.


Otro episodio
Sin aplausos, hacerse los distraídos.

Muchos, muchos años después: un radical, dos peronistas, un liberal.
Estamos a 14 de junio de 2002. El ex gobernador Ramón Mestre asiste a un acto en el III Cuerpo de Ejército, donde Luciano Benjamín Menéndez está presente, invitado al evento. Consultado por el periodismo, Mestre declara: “He compartido un acto con toda la sociedad. No tengo ninguna situación particular con nadie. Con el indulto han sido beneficiados muchos ciudadanos. La decisión de indultar está en quien la toma; que podamos compartirla o no, es otra cosa” (La Voz del Interior, 15-06-2002, pág. A3). No aclara si él la comparte. Ni falta que hace. Antes ya había hablado de indulto para otro amigo.

En el mismo acto, está presente el senador peronista Juan Carlos Maqueda, hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prefiere no hacer declaraciones a la prensa (ibíd.).

El justicialista Herman Olivero, presidente de la Legislatura, pasó el fardo: "He compartido con las autoridades del Ejército, que fueron las que invitaron. Como no soy el que invita, cumplo con la representación que me asignaron" (ibíd.). En otras palabras: sólo obedecí órdenes.

El liberal Rodrigo Agrelo, en ese momento secretario de Gobierno de la Municipalidad (con Kammerath), comparte la cosa y declara: "Para mí no tiene ningún significado especial. Pienso que las figuras extremadamente controvertidas deben guardar un perfil muy bajo en la Argentina en momentos en que necesitamos reconciliarnos. ¿Si Menéndez lo guarda? Aparentemente, no”. (ibíd.) Tampoco parece quitarle el sueño, claro. Tiempo después, Agrelo pasará una temporada en Estados Unidos, interesado en el sistema de escuelas-voucher. Un Sarmiento de la educación privatizada, un previsible joven sobresaliente de la Bolsa de Comercio (1999).



En próximas emisiones de Radio Tosco:
Quiénes apoyaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.


¡Hasta el martes 19 de junio!

5.6.07

Sin castigo

Quiénes aplaudieron el indulto a los criminales de lesa humanidad

En octubre de 1989, el presidente Carlos Menem indultó a militares y policías acusados por crímenes de lesa humanidad. Más adelante, en diciembre de 1990, hizo lo mismo con los condenados y con el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.
Menem indultó también a los militares sublevados contra el gobierno de Alfonsín y a la Junta Militar que inició y condujo la Guerra de Malvinas.
Por último, dictó decretos similares para los integrantes de las organizaciones guerrilleras, tratando de colocarlos en el mismo nivel que los criminales de lesa humanidad.

A través de estos decretos, Menem completó la impunidad diseñada e iniciada por el radical Raúl Alfonsín y sus leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), compartiendo también la teoría de los dos demonios.

Ahora que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta a declarar inconstitucionales estos indultos, vale la pena repasar quiénes apoyaron o celebraron la impunidad.



1. Primero, los patrones.


  • La Sociedad Rural Argentina en un comunicado firmado por su presidente, Guillermo Alchourrón, sostuvo que “la decisión adoptada resulta plenamente coherente con el pensamiento de nuestra institución en esta materia y merece nuestro más amplio apoyo y beneplácito” (La Voz del Interior, 09-10-1989, pág. A4). Meses después expresó su satisfacción por la libertad a Videla y los demás ex comandantes (La Voz del Interior, 31-12-1990, pág. A5).



  • La Unión Industrial Argentina (UIA) aprobó el decreto que liberaba a Luciano Benjamín Menéndez y los demás (La Nación, 11-10-1989, pág. 10).



  • Franco Macri, entonces vicepresidente de la Unión Argentina de la Construcción, apoyó el acto que dejaba impune a Albano Harguindeguy, entre otros (La Nación, 12-10-1989, pág. 6).








2. La derecha “democrática”.



  • Prudencio Bustos Argañaraz, senador provincial por la Ucedé, sintió que debía respaldar este decreto que ponía libre al general Ramón Camps. Dijo que era “una decisión razonable”, ya que “hay que considerarlo como lo que es: no una medida destinada a hacer justicia, sino a restablecer la paz y la convivencia” (La Voz del Interior, 29-12-1990, pág. A4), obtenidas, eso sí, al precio de la impunidad de Massera y los demás.
  • En la misma página, Germán Kammerath se jugó un poco más. Con trazas de personalidad múltiple, manifestó “nuestra solidaridad” con Menem, ya que los indultos “no son justos ni injustos, sino instrumentos de pacificación para países que necesitan reconciliarse interiormente”.


  • Antes, en 1989, el correntino José Antonio Romero Feris, estaba contento, pero no radiante. El indulto le parecía un “importante” paso hacia la “definitiva reconciliación”, pero todavía “insuficiente”. Romero Feris quería que tuviera “mayor alcance”, es decir, que abarcara a los condenados (La Voz del Interior, 10-10-1989, pág. A4). Tendría que esperar casi un año para ser feliz.


3. La izquierda “nacional”.


  • Jorge Abelardo Ramos, fundador del Frente de Izquierda Popular y aliado a Menem a través del Movimiento Popular de Liberación, no se ahorró el superlativo: apoyó la “acertadísima medida del Presidente(La Voz del Interior, 10-10-1989, A4). Otra buena decisión de Menem había sido designarlo embajador en México.


4. Los abanderados de los humildes.

  • El peronista Antonio Cafiero, entonces gobernador de Buenos Aires, estuvo listo para aprobar los indultos que alcanzaron a Cristino Nicolaides y los demás jerarcas del terrorismo de Estado. Este ex ministro de Isabel Perón exhortó a “merituar el coraje mostrado por el presidente Carlos Menem para tomar esta trascendente decisión” (La Voz del Interior, 10-10-1989, pág. A4). Lo de él también requería coraje.


  • Su compañero Eduardo Duhalde, vicepresidente, ya había marcado el camino: “Yo soy partidario de un indulto generalizado” (Página/12, 15-09-1989, pág. 8). Cuando llegó el momento, apoyó sin fisuras la liberación de Reynaldo Bignone y el resto de los represores (La Voz del Interior, 09-10-1989, pág. 1). Usando una metáfora poco feliz, dijo que “tenemos que ocuparnos de los derechos humanos de los vivos para enterrar el pasado y poder dedicarnos las 24 horas del día al presente y al futuro” (Página/12, 12-10-1989, pág. 4), mientras echaba unas paladas de tierra. Algo del futuro que podía esperarse apareció tiempo después.


  • Julio Bárbaro explicó su postura: “El indulto debe servir para inaugurar un futuro de paz y no para abrir una discusión. Debemos juzgarlo desde nuestra madurez y no evaluarlo desde el rencor [...] [El indulto] es un acto de grandeza [...]” (Página/12, 08-10-1989, pág. 5). Bárbaro hoy encabeza el Comité Federal de Radiodifusión.



  • Alberto Pierri, presidente de la Cámara de Diputados, tampoco quiso dejar de manifestar su apoyo. Sostuvo que el decreto que ponía en libertad a Menéndez y sus secuaces constituía “un paso concreto hacia la pacificación nacional y la reconciliación interna que la Argentina necesita para superar su pasado de dolorosos desencuentros” (La Voz del Interior, 10-10-1989, pág. A4).

  • El entonces gobernador de Catamarca, Ramón Saadi, habló así del decreto que hacía de Santiago Omar Riveros un hombre libre: “alguien tenía que hacerlo [al indulto] y lo está llevando a cabo el Presidente, porque interpreta el pensamiento de su pueblo” (La Voz del Interior, 18-09-1989, pág. A1). Luego Ramón se marcharía en silencio.


  • El diputado Miguel Ángel Toma, por su lado, no fue un modelo de coherencia. Primero dijo que para los ex comandantes “no debería haber indulto” (Página/12, 19-08-1989, pág. 5). Eso no le impidió apoyar después la libertad de Videla, Viola, Massera, Lambruschini, Agosti, Camps, Martínez de Hoz, entre otros (La Voz del Interior, 27-12-1990, pág. A4). Pero bueno, ya había pasado más de un año, claro.



  • En el peronismo de Córdoba, la decisión también tuvo efectos. Horaldo Senn, entonces senador provincial, criticó a Luis Juez, quien había participado en una marcha contra el indulto. Senn calificó de “desafortunada” esta actitud, y subrayó que las declaraciones de Juez contra el indulto eran una “opinión personal”. Agregó que Juez debería haber consultado “antes de dar a conocer una posición que no es la de la Juventud Peronista ni la del pueblo”. No aclaró si su propia postura era la del pueblo. (La Voz del Interior, 06-10-1989, pág. A4). Senn es hoy director de la Agencia Córdoba Ambiente.

El martes 12 de junio: Los primeros trabajadores - Los obispos, sin ambigüedades - Oscar Roger defiende la investidura - y lindas declaraciones de Ramón Bautista Mestre en el Tercer Cuerpo de Ejército.